En Sudamérica hay varios ejemplos recientes de espionajes externo e interno. Uno de los casos más sonados ocurrió en Perú, el 14 de noviembre de 2009. El Gobierno de ese país detuvo a Víctor Ariza Mendoza, suboficial de la Fuerza Aérea, acusado de entregar a Chile secretos de Estado sobre adquisiciones militares. La entonces presidenta chilena Michelle Bachelet se lavó las manos y relacionó el hecho con “algunos sectores” vinculados con el “pinochetismo” dentro de las Fuerzas Armadas de su nación.
La Sala de Revisión del Tribunal Supremo Militar Policial del Perú determinó, en diciembre de 2010, la pena de 35 años de cárcel para el uniformado, por la venta de información clasificada, y la indemnización de un millón de nuevos soles al Estado peruano. Ariza fue degradado y expulsado de su fuerza militar el 8 de febrero de 2011 —una medida asumida como advertencia para otros efectivos castrenses que pretendan realizar similar acto— y actualmente purga su condena en la fortaleza aérea de Punta Lobos.
Teléfonos. Algo parecido ocurrió en 2009 entre las todavía enfrentadas Venezuela y Colombia, después de la detención de dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano, a los que, de acuerdo con la denuncia del entonces gobierno de Hugo Chávez, se les incautaron papeles relacionados con operaciones de “espionaje y desestabilización” en Venezuela, Ecuador y Cuba. Esto fue negado por Colombia. La acusación apuntó a que los involucrados intentaron sobornar a funcionarios venezolanos.
Otra historia de espionaje internacional se destapó en 2008 con la detención en Uruguay de Iván Germán Velázquez, exagente de la Inteligencia argentina involucrado en el espionaje a políticos, funcionarios y diplomáticos de Argentina, Chile, España y Uruguay. Exmiembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de su país y experto en informática y en terrorismo islámico, Velázquez se dedicaba, principalmente, a interceptar correos electrónicos. Lo sucedido fue conocido como el Watergate sudamericano. No obstante, el implicado fue liberado y Uruguay negó este año, nuevamente, su extradición a territorio argentino.
Pero el espionaje sudamericano no se produce solamente entre naciones. También se han destapado eventos polémicos en los Estados, con motivaciones aparentemente políticas. En Argentina, por ejemplo, se realizó escuchas ilegales a políticos, periodistas y familiares de las víctimas del atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA en Buenos Aires, que mató a 85 personas. El escándalo se agravó cuando el juez encargado del caso apuntó a que las escuchas podrían haber alcanzado también a la presidenta Cristina Fernández y su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner.
Otro hecho de escuchas ilícitas fue puesto al descubierto en febrero pasado, en Colombia, por la prensa e implicó a más de cuatro decenas de funcionarios y exintegrantes de Inteligencia del Gobierno de esa nación. Un caso similar fue descubierto en Brasil hace cinco años, cuando el anterior presidente Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a apartar, provisionalmente, a la cúpula de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) por escuchas ilegales contra congresistas, el presidente de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, e incluso a la actual mandataria Dilma Rousseff, entre otros.
Diodato, el rey de los ‘pinchazos’
En Bolivia se relatan casos de escuchas ilegales en el libro Espionaje y Servicios Secretos en Bolivia, del fallecido periodista Gerardo Irusta Medrano, quien tuvo acceso a información privilegiada, al margen de tener gran conocimiento del tema, porque fue jefe de Informaciones del Ministerio de Gobierno durante varios periodos. Uno de los más recientes involucra a Marco Marino Diodato (foto), quien se dio el lujo de “pinchar” los teléfonos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico e, inclusive, del presidente Hugo Banzer Suárez, en su mandato democrático (1997-2001), quien era su suegro. Diodato se encuentra prófugo de la Justicia; escapó en 2004, burló a su vigilancia cuando se encontraba en la clínica Bilbao, donde recibía tratamiento médico por sus supuestos problemas cardiacos.
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