Un cable enviado por la embajada de Estados Unidos en Bolivia, difundido por el portal WikiLeaks a través del diario El País, revela que el Comandante de las Fuerzas Armadas, Wilfredo Vargas, alertó de la posibilidad de tomar por la fuerza los departamentos de la ‘media luna’ (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) en caso de que sus dirigentes declaren la independencia y lleven al país a una división territorial.
El documento, fechado el 14 de diciembre de 2007, un día antes de la aprobación del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, duda de la lealtad de los mandos medios de las FFAA hacia el Gobierno y asegura que Venezuela ‘engrasa’ la lealtad de los altos mandos con bonos.
El Gobierno aún no se pronunció frente a estas versiones, aunque Evo Morales - sin conocer estas publicaciones - aseguró que los documentos apuntan a dividir a los presidentes de la región. Un día antes, el Ejecutivo señaló, además, que los documentos confirman la política de injerencia y de intervención de EEUU en los asuntos de otros países.
El informe, elaborado por el entonces embajador Philip Goldberg, revela un plan de desplazamiento de tropas hacia el oriente similar al que días antes se había dado en Sucre, cuando hubo manifestaciones en contra de las sesiones de la Asamblea Constituyente en el liceo militar. En esa oportunidad, los militares sólo se dedicaron a cuidar las reparticiones castrenses y la Policía se ocupó de la represión.
Sin embargo, el contexto era distinto: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se encontraban aprobando sus estatutos y se temía una declaración de independencia. El documento revela, además, que varios jefes militares mantenían una relación con la embajada y le informaban sobre lo que sucedía al interior de las FFAA. También señala que entre el 7 y 8 de diciembre de 2007 los militares planificaron el despliegue de tropas a los departamentos opositores. En total, debían movilizarse 70 compañías de las FFAA. El trabajo estuvo a cargo de los generales Freddy Mackay, jefe del Estado Mayor; Daniel Salazar, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y el almirante Ernesto Roca, comandante de la Armada. Un militar de alto rango informó a la embajada de que el Presidente Morales había recomendado tener cuidado y evitar enfrentamientos con los civiles. De ser necesario, debían pedir el respaldo de la Policía. Según el militar, Morales temía que las muertes erosionen su apoyo político. Para ese momento, el 13 de diciembre, algunas unidades ya se habían desplegado.
Consultados al respecto, dos coroneles en servicio confirmaron que la orden de movilización de tropas existió y aún no ha sido desactivada. Lo que nunca llegó fue el día y hora para realizar el despliegue. Según la orden que les leyeron, la justificación para la misma era que los prefectos de los cuatro departamentos y los cívicos (estaban escritos sus nombres) ponían en peligro la integridad territorial. También aseguraron que se movilizó tropa en camiones y flotas, así como equipo a través de aviones de carga. El documento añade que el 13 de diciembre llegaron $us 5 millones desde Venezuela para financiar la movilización y que otros $us 1,3 millones se de-sembolsarían para comprar suministros no letales. Esta información, aclara Goldberg, no estaba confirmada.
Fuentes militares borradas por el diario El País aseguraron a la Embajada que Morales temía perder la lealtad castrense si los empujaba a una función policial. Si se llegaba a una confrontación civil, Morales utilizaría a policías del occidente y a ‘voluntarios de otros países’ para luchar contra la oposición. Señala que las órdenes de movilización de tropa son difíciles de rechazar por las primas venezolanas al alto mando militar. También había sospechas sobre las lealtades de los comandantes de las divisiones de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Aseguran que el comandante de Tarija exigió una orden firmada por el Presidente si se le pedía tomar acciones contra líderes de oposición y manifestantes. También se registra un incidente del 30 de noviembre de 2007 entre el entonces ministro de Gobierno Alfredo Rada y un comandante de la Naval. Rada le pidió intervenir en los disturbios de Cobija y recibió la exigencia de una orden directa de Morales. Lo mismo pasó cuando Rada pido al comandante de la FAB que tome el aeropuerto de Cobija.
Los militares tampoco estaban de acuerdo con el tema de cumplir su función constitucional para tomar el control de la ‘media luna’, pues consideraban que el Gobierno incumplió con la Constitución al no dejar que la oposición participe de las principales sesiones del Congreso y la Asamblea Constituyente. También indica que, en última instancia, la lealtad de los comandantes estaría con su región antes que con el Gobierno. Por más que la mayoría de los oficiales venga del occidente, asegura que pasaron gran parte de su vida acantonados en la media luna, se habían casado con mujeres del lugar e incluso habían trabajado con líderes de oposición. “No hay manera de que ninguno de nosotros ataque a su propio pueblo”, dijo un militar de apellido Suárez.
La oposición, por su parte, aseguraba que tenía más miedo a las milicias campesinas armadas financiadas por cubanos y venezolanos. Sin embargo, dudaba de una confrontación violenta antes de enero, ya que ambas partes estaban de-sorganizadas.
El documento asegura que si el Gobierno decidía dar la orden de desplegar la fuerza militar, lo más probable era que los militares la ignorarían para no derramar sangre boliviana. Consideraba, además, que si el desacato se producía al Gobierno le sería difícil sustituir a los oficiales insubordinados. “A diferencia de su aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez, Evo no tiene una red de amigos personales entre los militares (pero su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sí)”, dice el documento. Finalmente, el documento considera a Wilfredo Vargas ‘un enigma’, pero asegura que algunos jefes militares dicen que podría estar a favor de un golpe de Estado, por ser oportunista.
Relaciones
Tensión. Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno del presidente Evo Morales identificó a la embajada de EEUU como parte de una estructura para desestabilizar a su administración.
Acusación. Identificó a Usaid y otros programas de cooperación estadounidenses como parte de la “acción política” de EEUU en Bolivia.
Golpismo. Acusó al ex embajador Philip Goldberg de impulsar acciones para interrumpir el régimen democrático al tomar contacto y establecer alianzas con sectores opositores.
Expulsión. El 12 de septiembre de 2008, el Ejecutivo resolvió la expulsión de Goldberg después de que éste sostuviera reuniones con líderes de la oposición.
Congeladas. EEUU expulsó al embajador boliviano, Gustavo Guzmán. Desde entonces, las relaciones entre Washington y La Paz están interrumpidas.
Crece el escándalo wikileaks
“Utilizan a presidentes”, dice Evo
El presidente Evo Morales aseguró ayer que Estados Unidos usaba a los presidentes de América Latina para hacer espionaje, tal como revelan los informes de inteligencia que fueron filtrados a través de la multimedia WikiLeaks y que confirman las denuncias que hizo sobre el espionaje, conspiración. La embajada de ese país no se pronunció al respecto.
"Lo que nunca nos hemos informado es cómo el Departamento de Estado usaba también a presidentes en una cuestión de espionaje. Pasan unos días y se confirma todo lo que denunciamos, el origen de esta clase de espionaje de documentos secretos, confidenciales, espionaje seguimiento abierto es con el único objetivo de cómo EEUU puede seguir teniendo a Latinoamérica como su patio trasero, es la lucha permanente por la hegemonía", afirmó.
Para Evo Morales ese tipo de informaciones tendría el objetivo de "denigrar, asustar, o tal vez estas informaciones son para enfrentarnos entre presidentes que Evo Morales desconfía de la Cristina, que Evo Morales desconfíe del gobierno de Lula y su ministro o que Evo Morales desconfíe del Gobierno de la ex presidenta Bachelet".
“Hay una ofensiva contra medios”
En el cable 184347, el ex embajador de EEUU David Greenlee advierte que el Gobierno del presidente Evo Morales puso en marcha una ofensiva contra los medios críticos.
“Morales continúa atacando a los medios como parte de una campaña de largo plazo”, asegura. La representación diplomática estadounidense muestra el seguimiento que hace del conflicto desatado entre el Gobierno y los medios de comunicación. Resalta las versiones que señalan que empresas venezolanas buscan comprar acciones en medios que actualmente tienen una posición crítica frente a la administración de Morales. Cita el caso de ATB y La Razón.
Da a entender que funcionarios estadounidenses tomaron contacto con directivos de La Razón, que dan cuenta de esta situación. También señala que el Ejecutivo estableció una red de medios estatales a través de los cuales divulga las principales políticas gubernamentales.
El fracaso de la cumbre climática
En diciembre de 2009, el mundo estuvo pendiente de la Cumbre por el Cambio Climático que Naciones Unidas organizó en Copenhague, la capital de Dinamarca.
Pese a que los diplomáticos europeos trataron de resaltar algunos logros de la reunión internacional, diplomáticos señalan en los cables desclasificados por WikiLeaks que el encuentro fue un absoluto fracaso.
En los documentos también se muestra que Estados Unidos y sus aliados europeos intentaron aislar a los representantes de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, por sus posiciones radicales.
En particular, inmovilizaron las conclusiones de la cumbre de Tiquipaya, donde las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales alineados con el Gobierno de Evo Morales plantearon una agenda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero más dura para los países desarrollados.
En este esfuerzo, también los diplomáticos europeos se sumaron para excluir a los “países problemáticos”, como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Guatemala.
Venezolanos y cubanos, en el entorno de Morales
Según un informe elaborado en 2006 por el entonces embajador de EEUU en La Paz, David Greenlee, el presidente Evo Morales cuenta con un cuerpo de asesores venezolanos y cubanos que actúan con absoluta discreción al interior del Palacio Quemado y sostienen reuniones ejecutivas con el mandatario sin presencia de bolivianos, lo que ha generado el malestar de varios de sus colaboradores.
“El Presidente Morales es operador político a nivel interno, sin embargo, no confía en sus habilidades económicas e internacionales”. Como resultado, según Greenlee, Morales se ha rodeado de tres grupos de asesores.
El primero está integrado por los operadores políticos internos que “ponen en marcha su visión política y actúan como perros de ataque”.
En este grupo se ubicaban el ex presidente del Senado Santos Ramírez, hoy preso por corrupción; el presidente de la cámara baja, Edmundo Novillo, hoy gobernador de Cochabamba; su asistente personal, Iván Iporre, y el viceministro de Coordinación de Gobierno y abogado personal, Héctor Arce, hoy presidente de Diputados.
El segundo, compuesto por intelectuales bolivianos que ayudan a establecer su toma de decisiones en materia económica, inteligencia, seguridad y relaciones internacionales, y poner en marcha sus principales políticas locales, estaba compuesto por García Linera, Juan Ramón Quintana y el entonces ministro de Planificación, Carlos Villegas.
El tercer grupo, el más polémico y que ha generado la mayor resistencia incluso al interior del Gobierno, está integrado por asesores venezolanos y cubanos, que tienen una creciente influencia con el Presidente, sobrepasando, incluso, al grupo de los intelectuales.
Estos tres grupos compiten, según los cables, por imponer su influencia en el Presidente, sin embargo, en los últimos años, según Greenlee, el grupo internacional se impone a los nacionales, lo que constituye una injerencia en los asuntos internos avalada por el mismo Presidente por razones estratégicas.
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