Assange indicó al Sunday Times que este dinero le ayudará a defenderse de las acusaciones de ataque sexual lanzadas contra él por dos suecas. “No quería escribir este libro, pero tengo que hacerlo”, dijo. “Ya he gastado unos 300 mil dólares en gastos legales y tengo que defenderme, además de mantener Wikileaks a flote”, puntualizó.
El australiano -cuya controvertida página web hizo públicos decenas de miles de cables internos de la diplomacia de Estados Unidos- dijo que iba a recibir 800 mil dólares de Alfred A. Knopf, su editor norteamericano, y que había llegado a un acuerdo con la británica Canongate por 501 mil dólares.
Assange, que está en libertad bajo fianza en Gran Bretaña, lucha contra una orden de extradición lanzada por Suecia por abuso sexual y tiene problemas para financiar Wikileaks.
Las compañías de tarjetas de crédito Visa y MasterCard, así como la empresa de pago por internet PayPal, bloquearon las donaciones a Wikileaks, lo que llevó a Assange a llamarlos “instrumentos de la política exterior estadounidense”.
El fundador de Wikileaks no descarta que las autoridades de EEUU soliciten su extradición para ser sometido a un proceso legal por supuesto espionaje en relación con la filtración por parte del portal de miles de documentos confidenciales del Gobierno de EEUU.
Teléfonos pinchados
Mientras tanto, según informó la cadena BBC, nuevos cables diplomáticos de Estados Unidos dados a conocer a través de Wikileaks, sugieren que los gobiernos de Panamá y Paraguay presionaron a la agencia antidrogas de ese país (DEA) para extender los servicios de escuchas telefónicas.
El Gobierno de Panamá señaló que la solicitud del presidente, Ricardo Martinelli, en torno a escuchas telefónicas habían sido “malinterpretadas” por el enviado norteamericano.
En un cable fechado en agosto de 2009, se informa que el presidente Martinelli “envió a la embajadora un mensaje críptico a través de un teléfono celular BlackBerry que decía: ‘necesito ayuda para pinchar teléfonos’”.
A continuación, la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, afirmó, refiriéndose a Martinelli, que “hizo referencia a varios grupos e individuos cuyas llamadas creía que debían ser intervenidas y claramente no hizo distinción entre quienes eran objetivo legítimo, por cuestiones de seguridad, y entre sus enemigos políticos”.
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