"Los jueces estudiarán ahora ahora esta solicitud", agregó un portavoz sin dar ninguna precisión sobre el calendario.
En una vista celebrada el 30 de mayo, la Corte Suprema confirmó que el australiano, de 40 años, podía ser extraditado, pero le dio excepcionalmente dos semanas de plazo para pedir una revisión del recurso por una "cuestión de procedimiento" después de que los jueces hicieran referencia en su fallo a elementos que nunca se discutieron durante el primer examen.
Según dijo entonces la abogada de Assange, Gareth Peirce, la referencia en el veredicto a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales constituía una "violación de su derecho a un juicio justo".
Tras la presentación de este recurso antes del plazo que vencía el miércoles, los jueces de la Corte Suprema tienen dos opciones: o bien desestimarlo por escrito o bien convocar una nueva vista para reexaminar el caso.
Si la Corte Suprema rechazara este requerimiento, Assange tendría todavía una última posibilidad de apelar en un plazo de siete días ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) de Estrasburgo (Francia), que a su vez dispondría de otros 14 días para pronunciarse sobre su admisibilidad.
Todo esto podría alargar todavía durante varios meses más la saga judicial de Assange, que comenzó el 7 de diciembre de 2010 con su detención en Londres en virtud de una orden de arresto europea emitida por la fiscalía sueca.
Las autoridades del país escandinavo requieren a Assange para interrogarlo como sospechoso de cuatro supuestos delitos de agresión sexual, incluida una violación, denunciados por dos mujeres en Estocolmo, y por los que hasta el día de hoy no ha sido aún formalmente acusado.
Un tribunal de primera instancia y el Tribunal Superior de Londres ya dieron luz verde el año pasado a la extradición.
La Corte Suprema sólo se pronunciaba sobre un aspecto del caso, a saber si un fiscal -y no un juez como suele ser habitual- tiene potestad para solicitar una extradición, lo que denuncian los abogados de Assange.
El fundador de WikiLeaks, que se encuentra prácticamente en arresto domiciliario desde que fue excarcelado nueve días después de su detención, estima que el caso está políticamente motivado tras la filtración en su web de miles de cables diplomáticos estadounidenses confidenciales y documentos secretos de las guerras de Irak y de Afganistán, que indignó a Washington.
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