El periódico, que cita nuevos documentos facilitados por el extécnico de la CIA Edward Snowden, señaló que de este modo se prueba por primera vez la vinculación entre estas empresas y los programas de espionaje de EEUU. Los gastos adicionales se debían a los nuevos requisitos exigidos por la Corte Fisa, creada por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Fisa) y encargada de autorizar y supervisar la actividad de la NSA, que declaró inconstitucional el programa en 2011.
La suspensión se produjo después de conocerse que la NSA interceptaba miles de correos que violaban la privacidad de personas sin relación con el terrorismo, lo que obligó a la agencia a cambiar la forma en que recolecta información electrónica. A partir de entonces, la agencia comenzó a solicitar que la Corte Fisa firmase "certificaciones" anuales para garantizar un marco legal.
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